Uno de los aspectos cruciales en lo que a patentes se refiere es sin dudas el de la territorialidad. Las solicitudes para proteger las creaciones de inventores e innovadores no son “universales” sino que se tramitan por países o por regiones, y no presentarlas oportunamente y de manera eficiente podría derivar luego en la imposibilidad de reivindicar ese derecho en alguna otra parte del mundo.  


Los convenios que en tal sentido se celebran entre los países han resultado, por ese motivo, una herramienta útil a la hora de simplificar el trámite y hacerlo menos costoso. En el caso de la Argentina, ha adherido desde 1966 al Convenio de París. Este Convenio permite a los inventores presentar localmente su solicitud de patente y les otorga un plazo de gracia de un año para replicarla en cualquiera de los más de 170 países que también lo suscriben. Pero, si aunque en su momento representó todo un adelanto, con el tiempo pudo constatarse que seguía siendo insuficiente.


El resultado fue un nuevo sistema que muy rápidamente recibió adhesiones y que actualmente es integrado por 151 países, de los que la Argentina aún no forma parte: el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT, su sigla en inglés). Este sistema, tutelado desde 1978 en el seno de las Naciones Unidas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), supone varias ventajas por sobre aquel Convenio y representaría - en el caso de que nuestro país decidiera incorporarse - unos cuantiosos beneficios para los  inventores/innovadores argentinos.

Por un lado, el depósito de la solicitud de patente en uno de los países miembros sería equivalente, en una primera fase o “fase internacional”, a la presentación en todos los países integrantes, con lo que el trámite se le facilita y acelera.

Por otro, en aproximadamente doce meses el titular de la solicitud contaría con un informe de búsqueda internacional y una evaluación de la invención, para conocer antecedentes o proyectos similares al suyo. Eso le permitirá predecir con un grado mayor de exactitud si su desarrollo tecnológico/invento es realmente patentable y si es meritorio o no continuar con el trámite.


Finalmente, se extendería a 30 o 31 meses (según el país)  la entrada en “fase nacional”, es decir, el plazo para presentar las solicitudes de patente en otros países miembro. En ese lapso podrá obtener una perspectiva más clara del posible (o no) éxito comercial de la invención y tomar mejores decisiones de inversión, evitando el alto costo de gestionar solicitudes inconducentes.
 

La expectativa por una pronta incorporación de la Argentina al PCT es grande, y varios son los datos de la realidad que permiten avizorar un futuro en ese sentido. 
 

El nuevo gobierno nacional ha dado pruebas, en estos diez meses, de una política de integración y apertura al mundo que ve con buenos ojos la implicación internacional, y que  seguramente encontrará su corolario también en materia de tratados de cooperación en temas de propiedad intelectual. El nombramiento del Dr. Dámaso A. Pardo al frente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) ha sido una clara señal de esa voluntad y un deliberado paso en ese sentido.
 

Los plazos para concretarlo son aún inciertos, dado que la entrada de la Argentina al Tratado no depende únicamente de una decisión política, sino de la aprobación del Congreso Nacional, y no se conocen a la fecha proyectos formales a tal efecto. El camino, no obstante, está trazado y ya se ha emprendido.