A esta altura del siglo, hablar de nuevas tecnologías para referirnos a Internet casi no tiene sentido. Aunque aún podemos discutir las condiciones de accesibilidad y algunas cuestiones de censura, se trata por cierto de una tecnología extensamente instalada en todo el planeta. Tanto es así que ya hay una buena parte de sus habitantes que ni siquiera imaginan cómo pudo haber sido vivir sin ella.

Lo que hace solo algunos años era novedoso se ha vuelto habitual. Las prácticas que Internet nos propuso para buscar, compartir, distribuir y reproducir contenidos se han internalizado al punto de parecer hoy las únicas posibles, y - aún teniendo la edad suficiente - a todos nos cuesta recordar aquellas vetustas costumbres de estudiar en la biblioteca, prestar un casete o alquilar un VHS.
 

Así, ante las largas zancadas de la innovación en esta materia, el que se las ha visto en figurillas ha sido el derecho. Las nuevas formas de circulación cuestionan y vulneran uno de los conceptos más fundamentales de la creación cultural, el de la propiedad intelectual, y poco se ha podido hacer en estos años para revertirlo. A pesar del paso firme, el derecho siempre viene necesariamente por detrás del hecho, y aquí los hechos cambian y plantean nuevos escenarios casi a diario.
 

¿Cómo se persigue y sanciona un fenómeno que, a pesar de ser ilegal, muta y se reproduce cada segundo, de a cientos de millones, en todas partes del mundo? Un solo ejemplo basta como muestra: a menos de 24 horas desde su estreno, el primer episodio de la sexta temporada de la serie “Games of Thrones” ya tenía más de un millón de descargas únicamente en BitTorrents, y se supone que unos 200.000 de esos usuarios estaban a su vez compartiéndolo en decenas de países ¿Es algo que, llegado a este punto, pueda revertirse?
 

Evidentemente, la discusión acerca de cómo proteger la creación y los derechos autorales ya no puede pasar por limitar estas prácticas, tan arraigadas culturalmente; ni en perseguirlas, pues su vastedad y dispersión territorial hacen que no existan medios materiales suficientes para hacerlo: no hay tiempo, esfuerzo ni dinero que alcancen. Sin embargo, tampoco es posible obligarnos a renunciar a esos derechos. Es justo que quien genera esos bienes culturales obtenga un rédito por ellos, que le permita y lo estimule a seguir creando.

De a poco, el mismo sistema ha sabido darse sus propias herramientas para ello. Propuestas como Netflix o Spotify, por ejemplo, plantean una opción relativamente económica que permite acceder a cantidad de material audiovisual o musical, pagando regalías a sus autores. Pero, por supuesto, esto no es suficiente. Todavía es infinitamente mayor la cantidad de contenidos que circula en forma “irregular”, y no resultará nada fácil articularlos en alguna estructura de ese tipo.
 

El desafío, en esta instancia, será entonces encontrar los mecanismos para que los incuestionables beneficios que ofrece Internet en lo relativo al acceso a la información, el conocimiento y la cultura no terminen convirtiéndose en el perjuicio de quienes ayudan a generarlos; repensar las industrias culturales, reinventar sus mecanismos, reformular sus normas.                                                                                                 

La tarea requerirá sin dudas de la confluencia de todos los actores involucrados, tanto en los aspectos creativos y tecnológicos como en los comerciales y legales, y hasta los mismos usuarios. Si somos capaces de encontrar ese equilibrio, seguramente haremos de Internet algo que todos podamos seguir aprovechando.