Vía Diario Financiero

Aquellos que solicitan fondos en Corfo para financiar proyectos, son dueños de la propiedad intelectual de su invento. Mientras que los investigadores que accedan al programa Fondecyt de Conicyt, y quieran pedir una patente, deben devolver los recursos. Aunque en la práctica el castigo no se aplica, muestra las diferencias que existen en organismos del Estado ligados a ciencia, emprendimiento e innovación, en propiedad intelectual.

Si la persona no quiere patentar, el organismo público podrá difundirlo para ser usado por la sociedad.

El cambio se viene trabajando desde 2014, junto a la división de Innovación del Ministerio de Economía, el Fondo de Innovación Agraria (FIA), Corfo y el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo. Este año se espera contar con el documento definitivo.

Es un cambio necesario, dice Santa Cruz, que ya está zanjado en muchos países. La delantera la lleva EEUU, que creó un estatuto a principios de los ochenta, que estipula cláusulas en que si la persona no patenta, puede apropiarse del invento o licenciarlo.

"Ellos tienen entidades como la National Science Foundation, que financia proyectos y hace investigación propia, por lo que pueden apropiarse del conocimiento. Chile hoy no tiene esa capacidad, pero sí para darla a conocer", explica.

También esperan introducir criterios de propiedad intelectual como requisito para acceder a fondos públicos. "Se le podría pedir al postulante que tenga un análisis de lo que existe actualmente en patentes en el área que está participando. Así, el Estado evita financiar inventos que ya existen", dice.

Nueva área de negocios

Conscientes de la necesidad de tener información de mercado, Inapi está creando un área de análisis tecnológico y patentamiento. Están en un piloto con el Ministerio de Minería analizando áreas estratégicas para Chile, y que podría abrirse a los privados recién en 2016.

"Contamos con la mejor base de datos tecnológica. Por ejemplo, a una empresa que inventó una vacuna para el salmón, Inapi podría informarle qué se está haciendo en esa área en el mundo o dónde se patenta más", finaliza.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) diseña una normativa que unificará los criterios y regulará el conocimiento que se genera con recursos públicos, lo que implicará obligaciones para quienes accedan a dichos fondos y nuevas capacidades en el gobierno.

"El sistema buscará que la persona se apropie de su innovación, que si cumple con criterios de patentabilidad, la explote y salga a la luz pública. Hoy se asignan fondos y no se sabe lo que se está generando. Si introdujimos obligaciones, los contribuyentes, quienes son los que financian, lo conocerán", afirma Maximiliano Santa Cruz, director Nacional de Inapi.

Fuente: Diario Financiero