El conocimiento es el principal activo de una organización, pero también el más vulnerable frente a amenazas crecientes como la del espionaje industrial. Ante la ausencia de una normativa internacional uniforme que proteja específicamente el know-how, el contrato se presenta como la mejor herramienta para regular las cuestiones relativas a su uso, particularmente útil en el ámbito de las relaciones mercantiles de carácter transnacional.

Según un reciente estudio elaborado por la consultora CorporateTrust, las pérdidas sufridas por la industria alemana como consecuencia del robo de secretos industriales y comerciales a través del espionaje superan los 11.800 millones de euros cada año. Esto supone que al menos una de cada dos empresas en Alemania ha sufrido en los dos últimos años un intento de piratería industrial por parte de terceros (procedentes, sobre todo, del continente asiático) con el sólo propósito de apropiarse de su know-how.

 

Estos datos sin duda hablan del enorme valor que tiene para las empresas el conocimiento aplicado a su respectiva actividad, pero también ponen de manifiesto que nos encontramos ante un derecho de propiedad intelectual frágil e insuficientemente protegido. 

 

No en vano la Comisión Europea está acelerando los trámites para aprobar una nueva Directiva, que actualmente se encuentra en fase de propuesta, y que servirá para regular por primera vez de forma homogénea en el ámbito de la UE qué debe entenderse por know-how así como las medidas que los Estados miembros deben imponer en sus respectivos territorios para garantizar la protección de este derecho, que constituye además el principal activo de nuestra industria.

 

Ello, imagino, no sólo con el fin de combatir la amenaza cada vez más real que representan fenómenos como la piratería o el ciberespionaje, sino también con el objetivo de dotar a la UE de un marco de protección legal de los secretos empresariales que nos equipare a otra gran potencia, Estados Unidos, con vistas a alcanzar con ellos lo que parece ser la más importante alianza comercial de la historia reciente con este país: el Tratado de Libre Comercio (TTIP, en sus siglas en inglés).

 

A pesar de este prometedor horizonte, seguirán existiendo una serie de cuestiones fácticas que obligan a seguir protegiendo el know-how mediante contrato para que la protección sea verdaderamente efectiva. Y es que, con frecuencia, nos seguirá resultando difícil demostrar que el know-how fue sustraído o usado de modo ilegítimo por quien en teoría venía obligado a mantenerlo en secreto. 

 

Otras veces, lo difícil será cuantificar el daño realmente causado a nuestro negocio como consecuencia de la pérdida del know-how, lo que podría impedirnos obtener de los tribunales una compensación económica equilibrada y justa.

 

Estos y otros factores, que escapan de toda previsión legal, pero que sin duda comprometen el valor de nuestro know-how, pueden ser contemplados en un contrato. Por esta razón, resulta especialmente importante regular mediante contrato cualquier operación en la que el know-how esté involucrado, y más aún cuando de lo que se trata es de cederlo o transmitirlo a un tercero.

 

El contrato de know-how, entendido como aquél por virtud del cual se transmite un tipo de información secreta, que tiene valor comercial por el hecho de ser secreta, y que ha sido objeto de las medidas necesarias para mantenerla secreta, pone a disposición de su titular los medios y garantías suficientes para impedir que terceros se apropien de él o lo usen ilegítimamente, penalizándoles en caso contrario, lo que de un modo u otro permite conservar la ventaja competitiva y aumentar el nivel de retorno económico que se espera del esfuerzo invertido en innovación. Una innovación, en este caso, que se produce de forma casi invisible y sin hacer ruido, precisamente porque lo que se genera es siempre un conocimiento útil del que se sirve el titular para el desarrollo cotidiano de su actividad.