El 6 de septiembre de 2012 entró en vigencia la reforma a la Ley Nº 20.570 que amplía el Incentivos Tributarios a la Inversión Privada en Investigación y Desarrollo, también llamada Ley I+D. Con esta iniciativa que otorga beneficios tributarios a la inversión privada en I+D, se busca incentivar la innovación, duplicar el porcentaje del PIB destinado a este ítem en un plazo de 4 años y mejorar la capacidad competitiva de las empresas chilenas.

Este incentivo tributario está orientado a empresas (contribuyentes de primera categoría) que declaren su renta efectiva mediante contabilidad completa. Su función es la de descontar de los impuestos de primera categoría el 35% del monto invertido en I+D por dicha empresa en el mismo año tributario, es decir, que obtiene un beneficio tributario directo de un 35% de la inversión. Para optar a este beneficio, las empresas deben postular o acreditarse ante el gobierno de Chile por medio de la Corporación de Fomento de la Producción “CORFO” presentando un determinado proyecto, que una vez aceptado, es certificado para acogerse a este beneficio.

El 65% restante del valor del contrato de I+D certificado, podrá rebajarse por parte de la empresa como gasto necesario para producir la renta, logrando un beneficio tributario indirecto adicional de un 13% y  con ello, un beneficio tributario total de hasta un 48%.

Pero, ¿qué puede ser agregado a este beneficio tributario? El tope máximo del incentivo tributario es de 900.000 Euros y las partidas de gastos aceptados son: Recursos Humanos, Gastos de Operacionales, tales como Materiales, Subcontratos, Arriendos Muebles e Inmuebles, y  Servicios Básicos. Además, se incluyen los gastos de Propiedad Intelectual- Industrial- Derechos de Autor e inversiones en activos fijos muebles e inmuebles a través de la cuota depreciación.

A su vez, se pueden considerar como gastos aquellos que se efectúen desde el inicio del proyecto de I+D, aun cuando la certificación de CORFO sea posterior.

Esta nueva Ley supone una mejora sustancial de la anterior impuesta, ya que  no solo tenía un tope de aproximadamente 300.000 euros, sino que también  difería de la antigua Ley de beneficio tributario (publicada en el año 2008), principalmente en que los proyectos de I+D certificados por CORFO debían realizarse principalmente por terceros, denominados Centros de Investigación. Esta exigencia ha sido eliminada.

A pesar de estos cambios y de los enormes beneficios que otorga este incentivo tributario, en el año 2013 sólo se han certificado 15 empresas hasta la fecha. Esto puede deberse a la  falta de conocimiento de éstas sobre el valor agregado de la innovación al desarrollo y competitividad y explicaría, por tanto, su escasa demanda en comparación con otros países del mundo.