La ley brasileña sobre Propiedad Industrial (Ley 9279/96) fue modificada por la Ley 10196/01 que introdujo un paso nuevo en el procedimiento de solicitud de patentes farmacéuticas en Brasil.

Desde entonces, la concesión de patentes de productos farmacéuticos requiere el consentimiento previo de ANVISA, el organismo brasileño de vigilancia sanitaria. En realidad, este tipo de solicitudes de patente se examina dos veces: una, por parte de la Oficina Brasileña de Patentes y Marcas y, otra por ANVISA en base a unos criterios altamente subjetivos.

 

“Artículo 229 – C- La concesión de patentes de productos y procesos farmacéuticos dependerá del consentimiento previo por parte de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)”. (Artículo incluido en la Ley 10.196 de 14/02/2001)”.

En nuestra opinión, la competencia jurídica para emitir dictámenes escritos (sobre el examen de solicitudes) recae en el ámbito de la competencia de la Oficina de Patentes y Marcas. En este sentido, creemos que ANVISA no tiene competencia legal para llevar a cabo un análisis sobre el estado de la técnica, realizar correcciones o cambios de ningún tipo en las solicitudes dado que no es un organismo oficial encargado de examinar solicitudes de patente en Brasil. Los ámbitos de competencia tanto de ANVISA como de la Oficina brasileña de Patentes y Marcas quedan recogidos en la legislación federal.

A pesar de que se pueden refutar los dictámenes escritos de ANVISA, lo que al final observamos como consecuencia de ello es un retraso en la decisión final que se toma respecto a la concesión o denegación de la solicitud de patente.

En el año 2009, la Abogacía General de la Unión (AGU) emitió un dictamen donde declaraba que la actuación de ANVISA debería limitarse a realizar un análisis de aquellos aspectos que estuviesen directamente relacionados con sus objetivos institucionales, como por ejemplo, temas de salud pública. ANVISA solicitó que se volviera a tratar el tema ante la Abogacía General y en enero de 2011, éste ratificó su posición y determinó que ANVISA debería limitar su examen a asuntos que fueren meramente de salud pública.

A pesar de ello, ANVISA ha publicado una nota de prensa donde afirma que, en su opinión, el último dictamen emitido por la Abogacía General simplemente viene a ratificar la opinión ya existente de que ANVISA y la Oficina brasileña trabajan en ámbitos diferentes en lo que respecta al análisis de una patente, precisando por tanto una sinergia entre ambas instituciones.


A fecha de hoy, ANVISA analiza las solicitudes de patente del mismo modo en que lo venía haciendo antes de que la Abogacía General emitiera su último dictamen.


Vigilaremos muy de cerca las reacciones de la Abogacía General ante esta situación y cómo se irá desarrollando la misma.